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La Comisión Especial de Investigaciones de Violaciones de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador (UES) acompañó a autoridades de Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en inspecciones iniciales el 22 de mayo en la Plaza Salvador Allende de la facultad de Medicina para fundamentar la petición de exhumación a un juez del caso Raúl Hernández.

Raúl Hernández - “Comandante Marcos”- fue un estudiante del doctorado en Medicina de la UES, asesinado supuestamente en marzo de 1980 luego de ser capturado por la Policía Nacional mientras sostenía una reunión con diferentes organizaciones sociales en Santa Ana, y que por razones de pertenencia y seguridad, fue presuntamente enterrado en la Plaza Salvador Allende, de acuerdo a un testimonio brindado por su hermana, Sra. Olga Hernández.

Años después, el rector de la UES, Msc. Roger Arias, conformó una comisión para indagar violaciones a derechos humanos de la comunidad universitaria que ha logrado establecer nexos con organizaciones sociales y entidades internacionales en el sentido del derecho a la verdad; uno de los grandes logros de este organismo fue la entrega de un título póstumo a la familia de Roberto Miranda, uno de los masacrados en la Marcha del 30 de Julio de 1975.

Fue con esta comisión con quien Olga Hernández se contactó. La miembro de la Comisión y Defensora de Derechos Universitarios, Msc. Claudia Melgar de Zambrana, explicó que “cuando se nos informó lo que tuvimos que hacer como obligación fue informar a la Fiscalía y decirles a los familiares que tenían que hacer estas diligencias con este organismo”.

Melgar de Zambrana añadió que sostuvieron reuniones con fiscales en el marco de la investigación inicial para fundamentar la petición de exhumación. “Ya llegó la solicitud para hacer las primeras diligencias antes de la exhumación, que es para ubicar el lugar en donde están, y determinar testigos del entierro”, precisó.

“Nosotros (como Comisión) hemos dado la colaboración debida como universidad. El rector ha apoyado en todo esto con el objetivo que se llegue a la verdad de los hechos”, expresó la jurista, quien luego comunicó que el Consejo Superior Universitario emitió a principio de mayo un acuerdo respecto de estas diligencias preparativas.

“En el primer acuerdo se estableció que íbamos a facilitar toda la ayuda de la fiscalía”, enfatizó Melgar de Zambrana.

Por otro lado, el auxiliar fiscal, quien solicitó reservar su nombre, detalló que “esta diligencia consiste en identificar el lugar donde puedan encontrarse los restos de dos personas, que una de ellas fue asesinada en el contexto del conflicto armado y que según indagaciones preliminares se encuentra en el recinto universitario”.

 

 

En efecto, el fiscal auxiliar del caso contó que “estas diligencias son previas para poder solicitar después diligencias de exhumación”. El equipo tiene el objetivo de recuperar los restos y hacer pruebas de comparación de ADN con los familiares para comprobar que el cadáver es de quien se busca.

Finalmente, el fiscal expresó que su unidad está abiertos a investigar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, de modo que, si más personas buscan a las autoridades de la UES para buscar respuesta, espera que sigan el proceso correspondiente para que la Fiscalía pueda actuar.

Un juez de San Salvador deberá analizar la documentación y la investigación hasta este punto para luego solicitar la exhumación de cuerpos. Cabe destacar que en esta investigación la familia de otra persona también ha pedido la exhumación en el mismo lugar, pero ellos no quisieron brindar información al respecto.

 

 

 

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