La Universidad de El Salvador marchó el pasado 14 de junio para exigir a la Asamblea Legislativa la no privatización de este recurso, considerado un Derecho Humano. Estudiantes, docentes, trabajadores, representantes de asociaciones y diferentes sectores se sumaron a esta petición.

La marcha pacífica contra la privatización del agua pretendía entregar a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia con las demandas de esta casa de estudios sobre esta temática. Sin embargo, las autoridades universitarias y estudiantes fueron recibidos con gas lacrimógeno por la seguridad de la Asamblea Legislativa.  En medio del caos generado por la agresión a la comunidad universitaria, el rector de la UES, Maestro Roger Arias, entregó la petición.

En el documento se establecen las siguientes demandas:

  1. “Que se admita la presenta pieza de correspondencia.
  2. Se retome la discusión del proyecto denominado Ley General de Aguas, propuesto por la sociedad civil, organizaciones comunitarias, Iglesias y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
  3. Se incorpore a la Universidad de El Salvador en la discusión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, con el fin de garantizar el acceso al agua con equidad y calidad a la población salvadoreña.
  4. Se descarte cualquier propuesta de ley que lleve indicios de privatización sobre un Derecho Fundamental como el agua”.

El rector de la Universidad de El Salvador, Roger Arias, reiteró su compromiso de luchar por la no privatización del agua, durante un programa radial transmitido por YSUES Radio Universitaria, el pasado 14 de junio.

Respecto a las agresiones sufridas el pasado 14 de junio, la Rectoría de la Universidad de El Salvador emitió   este día un comunicado en el que condena las agresiones contra la corporación universitaria, denuncia la privación de libertad de que fueron objeto por más de dos horas autoridades y 37 acompañantes. Además  exige la investigación de los hechos denunciados y se abra expediente contra Norman Quijano y Alberto Romero por actuaciones represivas, entre otros.

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